Un tribunal ugandés confirma la ley antigay

La decisión del Tribunal provoca la indignación de los defensores de los derechos humanos

El Tribunal Constitucional de Uganda desestimó el miércoles un recurso que solicitaba la derogación de una ley represiva contra la comunidad LGBTQ+ en la nación del este de África, provocando una oleada de consternación entre las organizaciones de derechos humanos.

La "Ley Antihomosexualidad 2023"

Denominada "Ley contra la Homosexualidad 2023", la legislación impone severas penas por las relaciones homosexuales y la "promoción" de la homosexualidad. La ley incluye una cláusula para la "homosexualidad agravada" que puede ser castigada con la pena capital, aunque esta pena no se aplica en Uganda desde hace muchos años.

La promulgación de esta ley en marzo de 2023 suscitó gran preocupación entre varios países occidentales, organismos internacionales (ONU, Banco Mundial) y organizaciones de defensa de los derechos humanos, que pidieron su anulación. Estados Unidos respondió imponiendo sanciones al país.

Oposición internacional y local

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su "consternación" en un comunicado el miércoles, en el que instaba de nuevo al gobierno ugandés a "derogar completamente" la ley, que anteriormente había calificado como "posiblemente la peor de su clase en el mundo".

Activistas ugandeses de derechos humanos, dos profesores de derecho de una universidad de la capital, Kampala, y dos parlamentarios del gobernante Movimiento de Resistencia Nacional (MRN) habían acudido al Tribunal Constitucional para bloquear la ley, por considerarla ilegal. Alegaban que violaba derechos fundamentales protegidos por la Constitución y que se había aprobado sin consultar debidamente a la población, como exige la legislación ugandesa.

"Esta solicitud pedía esencialmente la anulación de toda la Ley contra la Homosexualidad de 2023", declaró el juez Richard Buteera el miércoles: "Tras deliberar, (...) nos negamos a anular la Ley contra la Homosexualidad en su totalidad y tampoco concederemos una medida cautelar permanente contra su aplicación."

Sin embargo, el grupo de cinco jueces eliminó varias disposiciones que consideraba incompatibles con los convenios internacionales, como la que penalizaba la no denuncia de actos homosexuales.

Reacciones diversas a la sentencia del Tribunal

Nicholas Opiyo, el abogado que defendió el recurso, criticó la decisión de X como un "juicio sumario" que no se elevó "por encima de la intolerancia y los sentimientos del público".

El diputado Fox Odoi-Oywelowo lamentó un veredicto "esperado", aunque cree que "la ley es mala para el país".

Los demandantes no habían hecho comentarios sobre un posible recurso ante el Tribunal Supremo hasta el miércoles por la noche.

"Esta decisión es decepcionante y representa una oportunidad perdida para proteger los derechos humanos fundamentales", lamentó a la AFP Oryem Nyeko, investigador sobre Uganda para Human Rights Watch.

Por el contrario, Anita Among, Presidenta del Parlamento, saludó la decisión como un "gran logro para Uganda" a AFP. "Esta decisión demuestra que todas las ramas del gobierno, el parlamento, el ejecutivo y el judicial, comparten un objetivo común: proteger a Uganda de cualquier influencia extranjera negativa", celebró.

El Presidente Yoweri Museveni, que gobierna el país con mano de hierro desde 1986, había prometido no sucumbir a las presiones occidentales y promulgó la ley en mayo.

The law enjoys widespread support in Uganda, a predominantly conservative Christian nation, where lawmakers view it as a necessary barrier against the presumed immorality of the West.

Sanctions and International Warnings

The United States, the European Union, and UN Secretary-General Antonio Guterres have warned Ugandan authorities that foreign aid and investment in the country could be jeopardized if the law remains in effect.

The US administration announced in early December that it would no longer grant visas to Ugandan officials enforcing the law and removed Uganda from a significant trade agreement, the African Growth and Opportunity Act (AGOA), as of January.

The World Bank also announced in August that it would suspend all new loans to the country due to the legislation being “fundamentally contrary” to its values.

In 2014, international donors had already reduced their aid following the passage of a law imposing life imprisonment for homosexual relations, which was ultimately annulled by the Constitutional Court due to a procedural error during the vote.

Homosexuality remains illegal in many East African countries, where campaigns of repression and stigmatization are fueled by conservative religious groups, both Muslim and Christian.